Si ha habido un tema especialmente sensible, más allá del drama sanitario, durante los meses del estado de alarma es el que hace referencia a la educación. El confinamiento obligado de la población dejó en stand by el carácter presencial de las clases, ha generado no pocos quebraderos de cabeza a la comunidad educativa y a millones de familias, y ha puesto sobre la mesa las deficiencias del sistema a nivel digital.

Atrás queda lo más duro, pero el horizonte no es nada halagúe?o si tenemos en cuenta que todavía no está excesivamente claro cómo abordar el retorno a las aulas y asegurar que ese regreso se produzca en un escenario de completa seguridad.

“Hasta el momento se trata mayoritariamente de declaraciones bienintencionadas, pero carentes del necesario detalle para convertirse en una planificación útil”, asegura un equipo de investigadores del departamento de Organización de Empresas II de la Universidad de Granada (UGR), que denuncia graves problemas de planificación en lo que se refiere a la previsión de recursos y directtrices claras para mantener la presencialidad o volver al modelo digital que ha imperado durante varias semanas.

Y es que el equipo de la UGR, liderado por Alberto Aragón, catedrático de Organización de Empresas, ha analizado el número de relaciones sin mascarillas y sin distanciamiento previsto para los colectivos de educación Infantil y de los cuatro primeros cursos de Primaria. Una cantidad de interacciones que incluye, ya hí radica el problema, a las familias de los propios ni?os.

Asumiendo familias formadas con una media de dos adultos y 1,5 menores (dos hijos en la mitad de las familias y un hijo en la otra mitad, reflejando la media espa?ola), nos encontraríamos con que cada uno de los 20 escolares en esas clases tendría una exposición a un grupo de 74 personas en su primer día de clase.

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“Si además los menores de esas familias también estuvieran en una clase distinta de Infantil o Primaria, se agregarían esas relaciones al conjunto alcanzando 808 personas implicadas ya el segundo día de clase, considerando exclusivamente las relaciones sin distanciamiento ni mascarilla de la clase propia y las de las clases de hermanos y hermanas. Si el número de escolares en la clase sube a 25, como muchas autonomías han anunciado ya para que coincida con el ratio habitual, el número de personas implicadas subiría hasta 91 personas sólo con los de la misma clase y 1.228 personas contando las clases de hermanos”, explica Aragón.

“Un plan bueno, bonito y barato no suele resultar posible, pero si además es ambiguo o poco realista, carece completamente de utilidad”, a?ade Aragón que se muestra sorprendido por la renuncia de las administraciones a la reducción del número de estudiantes en clase, la falta de concreción sobre la contratación de nuevos docentes, o las muy limitadas inversiones previstas para la ampliación de espacios docentes y el desarrollo de actividades alternativas y complementarias.

?Vuelta a las andadas?

Llegados a este punto, los expertos de la universidad granadina advierten de que “un sistema abierto de burbujas de convivientes como el que proponen el Gobierno y las comunidades autónomas sólo puede tener una eficacia limitada para controlar el riesgo de contagios, pero es especialmente poco eficaz cuando el número de escolares en su núcleo es tan alto”. De ahí que no descartan para nada situaciones de riesgo que impliquen “el cierre del grupo o incluso de todo el colegio si han compartido espacios o docentes comunes”.

“Sin vacuna, la mayoría de las clases probablemente acaben volviendo a un escenario remoto a lo largo del próximo oto?o cuando confluyan los efectos de la COVID-19 y la gripe estacional. Por ello, es muy importante que todos los agentes estén preparados para esa posibilidad”, se?ala por su parte Eulogio Cordón, director del departamento de Organización de Empresas II de la UGR.

Además, los expertos de la UGR subrayan que debería haberse preguntado ya a las familias su disponibilidad para cada sistema con el objetivo de intentar acoger mejor a los estudiantes cuyas familias necesitaran de presencialidad y proporcionar una opción mixta o remota a aquellas familias que lo desearan, en el caso de que los centros educativos observaran garantías para su desarrollo adecuado.

“La falta de planificación conjunta con familias y docentes es también una limitación de los protocolos existentes hasta el momento. Esa falta de diálogo pudo ser comprensible para la respuesta inmediata del curso en vigor, pero resulta sorprendente cuando se planifica para el curso siguiente y se necesita alterar sustancialmente las condiciones laborales, pedagógicas y sociales del proceso educativo”, denuncian.